LA FRASE

La frase de la semana: "Pareciera que a los ministros les bajaron la palanca y no piensan más". Roberto Lavagna.

martes, 5 de octubre de 2010

Glaciares: Entre el veto y la ley, provincias y mineras hicieron su negocio

Casi dos años pasaron desde que Cristina Fernández de Kirchner decidió vetar la ley de glaciares hasta que el Congreso consiguió aprobar, esta semana, una nueva ley. Sin embargo, la falta de diferencias sustanciales entre la nueva norma y la que fue vetada dio lugar a suspicacias, que se basan en la teoría de que el tiempo que pasó fue beneficioso para las empresas mineras y las provincias involucradas. La puesta en marcha del proyecto Pascua-Lama en San Juan y la sanción de leyes más permisivas en algunas de las provincias son los principales ejemplos.

El 22 de octubre de 2008, la Presidenta vetó totalmente la ley sancionada por el Congreso. Allí, la principal objeción (se realizaron otras menores que fueron mejoradas) estuvo puesta en el artículo 6, que es el que prohíbe diversas actividades en las zonas glaciares y algunas, como la minería, también en las periglaciares. Según el decreto, “el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades” y, de regir el artículo, “podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas”. El artículo en cuestión que aprobó el Senado es casi el mismo. Así, se desoyeron objeciones de la Presidenta, como que no se tomaban en cuenta obras en pasos fronterizos o que la minería podía realizarse “en perfecto cuidado del medio ambiente”.

Así surgió la duda de por qué lo que antes fue vetado ahora se promulgaría sin problemas. El senador sanjuanino César Gioja reconoció que el Gobierno “pagó un costo político exagerado” por el veto. Desde la oposición, sin embargo, ven una intencionalidad en la decisión de vetar la norma. En primer lugar, la mira está puesta en el proyecto Pascua-Lama, que prevé una inversión de 4 mil millones de dólares. Al momento del veto, el proyecto realizado por la firma canadiense Barrick Gold estaba en proceso de exploración. Ya tenía el informe ambiental aprobado (en el texto la empresa llegó a plantear la posibilidad de mover de lugar los glaciares Toro Uno, Toro Dos y Esperanza, pero en Chile no lo permitieron). Además, la zona donde se hace la extracción de agua estaría en área periglaciar.

Sin embargo, fue después del veto cuando comenzó el proceso de explotación. En abril de 2009 se firmó el acuerdo tributario entre la Argentina y Chile. Ese pacto, además, es secreto y es investigado en la Justicia porque supuestamente perjudicaría a la Argentina. Un mes después, Cristina anunció la puesta en funcionamiento de la mina. Y en junio de este año, la Presidente, varios gobernadores y los representantes de Barrick se reunieron para apoyar el acuerdo.

En segundo lugar, se sospecha que el veto sirvió para que las provincias con emprendimientos mineros tuvieran antes su propia ley de protección de glaciares. Y la coincidencia de fechas alienta las sospechas de que se trató de una estrategia conjunta de los gobernadores. Jujuy y la Rioja aprobaron, el 8 de julio último, una ley provincial en tiempo récord. Y San Juan aprobó su norma el 14 de julio, apenas unas horas antes de que Diputados le otorgara media sanción al proyecto. En todos los casos, la potestad de controlar a las empresas mineras fue concedida a los gobiernos provinciales.

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